Elaborado por el doctor Jhon Jairo Mueses Samboni - Profesional Especializado Forense, Facilitador Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente, Grupo Regional Clínica, Psiquiatría y Psicología Forense - Sede Cali San Fernando - Regional Suroccidente.

El envejecimiento es un proceso natural donde nuestras capacidades físicas y mentales van disminuyendo gradual e individualmente, debido a factores biológicos por daño molecular y celular acumulado. Este proceso debería estar acompañado de respeto, cuidado y reconocimiento, sin embargo, el envejecimiento de las personas muchas veces es asociado con enfermedad, debilidad o capacidad mental disminuida lo cual no es adecuado teniendo en cuenta que es un proceso no lineal ni uniforme en la población general y dependerá de múltiples factores (nutricionales, sociales,
laborales, familiares o comunitarios entre otros).

Las personas mayores, como deberían llamarse, son aquellas que han superado los 60 años de edad y se prevé que dicha población se duplicara, con creces de 900 millones en el año 2015 a unos 2000 millones en 2050. De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud, para el año 2022 una de cada 6 personas mayores de 60 años, sufrió algún tipo de maltrato en los entornos comunitarios y teniendo en cuenta el aumento rápido y previsto de esta población, se prevé un aumento de la problemática que requiere un abordaje integral de todos los sectores
de la sociedad.

El período 2021 a 2030, ha sido declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como la Década del ENVEJECIMIENTO SALUDABLE, orientada a aunar esfuerzos a nivel mundial para promover vidas más largas y saludables, disminuyendo las desigualdades en materia de salud y mejorando la calidad de vida de las personas mayores, sus familias y sus comunidades y es una oportunidad única para abordar el abuso de personas mayores de una forma integral y globalizada.

La violencia contra las personas mayores, no solo constituye una vulneración de los derechos humanos, sino que también obstaculiza el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la ONU en el año 2015. Desde el ODS 3, que busca garantizar la salud y el bienestar en todas las etapas de la vida, hasta el
ODS 16, que promueve la paz, la justicia y la protección de las instituciones, la violencia hacia las personas mayores refleja un desafío transversal. La reducción de las desigualdades (ODS 10), la igualdad de género (ODS 5) y la construcción de comunidades seguras e inclusivas (ODS11) también son metas estrechamente vinculadas a la erradicación de este problema social.

De acuerdo con datos preliminares del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante el periodo enero a junio de 2025, se han realizado 2412 necropsias a nivel Nacional, a personas mayores y de éstas un 14,84% (358 casos) están relacionadas con probable homicidio. En relación con las Valoraciones de Lesiones No Fatales en Adultos Mayores, se tiene un 43,2 % de casos relacionados con violencia interpersonal, un 22,27% con violencia intrafamiliar, un 8,20% de violencia de pareja y un 1,03% por presunto delito sexual, de un total de 6110 Valoraciones en
el periodo registrado.

La violencia hacia personas mayores se define con cualquier acto que le cause daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o emocional, económico o patrimonial y social, de igual manera se considera la no adopción de medidas apropiadas para evitar otros daños por parte del cuidador o responsable (abandono, desatención, menoscabo de
la dignidad y el respeto).

En Colombia, la Ley 1251 de 2008 establece medidas de protección para la vejez incluyendo el establecimiento de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2022-2031, indicando que las entidades territoriales establecerán planes, programas y proyectos de prevención, promoción y protección frente a las distintas formas de violencia que afectan a la población mayor. Por otro lado, el Código Penal Colombiano sanciona el maltrato, la violencia intrafamiliar y el abandono en su artículo 229A el cual se configura cuando se somete a una persona mayor de 60 años a abandono o descuido que afecte sus necesidades básicas como higiene, vestuario, alimentación y salud, con pena de 4 a 8 años de prisión y multas de 1 a 5 salarios mínimos.

Uno de los ejes centrales de esta política es el diseño y fortalecimiento de rutas de atención en casos de violencia física, psicológica, sexual o por negligencia, articulando los sectores de salud, justicia, protección social y comunidad. Dichas
rutas permiten detectar, atender y hacer seguimiento oportuno a las situaciones de vulneración de derechos, con el fin de garantizar la restitución de la dignidad y la integridad de las víctimas.

En términos generales la puerta de acceso a la atención integral de personas mayores que son víctimas de maltratos se realiza por el sector Salud, pues en las valoraciones medicas preventivas o por cualquier otra causa de consulta, se pueden detectar señales de alerta: Lesiones repetidas con diferentes edades evolutivas; cambios emocionales: depresión, retraimiento, miedo; evidencias de descuido: ropa sucia, desnutrición, falta de medicamentos; restricciones en el acceso a su propio dinero o bienes, entre otros.

Dentro de los factores de riesgo que tienen las personas mayores de ser víctimas de violencia en cualquier forma se encuentran: la dependencia funcional o discapacidad, enfermedades degenerativas o discapacitantes, enfermedades mentales, deterioro cognitivo y dependencia económica; el tipo y calidad de las relaciones tanto intra como extra familiares pueden aumentar el riesgo de maltrato, aunque estos factores son variables. En relación con los entornos comunitarios, la violencia se puede ver representada en la segregación o discriminación por causa de la edad.

Se debe tener en cuenta que los adultos mayores pueden evitar las denuncias de los hechos de maltrato especialmente cuando el presunto agresor es su familiar o su cuidador primario, por temor a represalias, por vergüenza o por dependencia de los mismos cuidadores, siendo este un factor importante en el subregistro de los casos. Una vez el caso es puesto en conocimiento de las autoridades, éstas emiten las órdenes respectivas para garantizar los derechos de las personas mayores que son víctimas de cualquier tipo de violencia.

El papel que juega el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en estas rutas de atención consiste, en realizar Valoraciones Medico Legales a los sobrevivientes, para poder documentar de manera objetiva las lesiones y emitir los Informes Periciales que orienten a la autoridad en la investigación de cada caso, para lograr una eficaz Administración de Justicia y garantía de los derechos vulnerados en cada caso.

La violencia contra los Adultos Mayores, es un flagelo que existe en nuestra comunidad, afecta su dignidad y debe ser reconocida, visibilizada, prevenida, abordada y denunciada por todos los sectores de nuestra sociedad.

Los invitamos a participar en el foro relacionado con este tema.

Para más información y estadísticas del tema:

Maltrato de las personas mayores, disponible en https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/abuse-of-older-people

Envejecimiento y Salud, disponible en https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/ageing-and-health

ODS, disponible en https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollosostenible/

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Boletines Estadísticos Violencia contra el Adulto Mayor, disponible en https://www.medicinalegal.gov.co/cifrasestadisticas/boletines-adulto-mayor