¿Por qué interculturalidad?

¿Qué nos avoca como Institución pública al servicio de la administración de justicia a incluir las diferentes variables derivadas de la diversidad cultural en nuestra tarea misional?

Una primera respuesta a estas preguntas nos las aporta nuestra Carta Política de 1991 al  enunciar en su artículo 7 que “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”, y más específicamente, en su artículo 246 que “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República”.

Una segunda respuesta surge en un cambio de paradigma del Estado implícito en las Constituciones como la nuestra y que se resume de manera evidente en el texto de la Declaración de Brasilia:

     “El Estado contemporáneo, debe proporcionar a los ciudadanos bienes y servicios que sólo él mismo se encuentra en condiciones de garantizar en términos de equidad para el conjunto de la sociedad. Aunque la justicia se ha venido concibiendo tradicionalmente como una actividad puramente técnica de resolución de conflictos (función jurisdiccional), ha sufrido una profunda revisión transformándose en uno de los servicios públicos esenciales del Estado contemporáneo.  Por ello en la actualidad, uno de los principales retos que tienen los sistemas de administración de justicia es brindar la respuesta adecuada a las exigencias de la sociedad, que no es más que el incremento de la efectividad del derecho de acceso al servicio, es decir, a la justicia como tal”[1].

Así, tenemos un Estado que reconoce la diversidad cultural y tiene como mandato constituyente su protección, reconocimiento y fortalecimiento y un nuevo paradigma que avoca a los Estados a buscar formas positivas, es decir acciones específicas, afirmativas y eficaces para garantizar el derecho al acceso a la justicia en condiciones que garantice la oportunidad, la capacidad institucional y el cumplimiento de los objetivos de dicho mandato constituyente. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, consciente de esta necesidad de incorporación de estrategias y acciones tendientes a la transversalización del enfoque diferencial en la prestación de sus servicios a las justicias que coexisten en nuestro país, desarrolló una estrategia de enfoque diferencial centrada en cuatro acciones: Capacitación a servidoras-es, Coordinación interjurisdiccional e interinstitucional, Normalización Forense y Sistemas de información.

El dialogo intercultural en la Estrategia de Enfoque diferencial del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

El dialogo intercultural puede resumirse como “un proceso de comunicación e intercambio que puede traducirse en la interacción entre dos o más individuos y/o grupos que provienen de diferentes orígenes o culturas, donde cada uno de ellos manifiesta sus ideas, opiniones, brinda información y/o busca establecer acuerdos o aceptación de divergencias en un ambiente de respeto y reconocimiento de las diferencias culturales, a través de relaciones de simétricas y de reciprocidad”

Así, el papel del dialogo intercultural en estos cuatro componentes es transversal, es decir, necesario para la adecuada proyección y ejecución de cada uno al ser de importancia central en la elaboración de políticas institucionales, generar rutas de atención de esta población en condiciones de respeto a su diversidad y condiciones de acceso y atención diferencial.

Espacios interinstitucionales e interjurisdiccionales de dialogo y coordinación 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha adelantado y participado activamente en espacios para incorporar la perspectiva  de los pueblos, líderes y autoridades indígenas  y sus sistemas de justicia a la labor de apoyo técnico y científico a la administración de justicia.

A través del  ACUERDO PCSJA17-10869 30 de noviembre de 2017 se establecen las medidas de coordinación inter-jurisdiccional y de interlocución entre los Pueblos Indígenas y el Sistema Judicial Nacional, generando una mesa nacional de Coordinación Interjurisdiccional – COCOIN – en la cual el Instituto participa desde el año 2013. Este es un espacio valioso que convoca a todas las entidades del Sector Justicia y a representantes de las organizaciones de los pueblos indígenas para la elaboración de políticas institucionales interculturales; para el año 2022, centró sus esfuerzos en el desarrollo de un proyecto de ley que regule el Articulo 246 mencionado anteriormente.

A nivel territorial, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura organiza las mesas departamentales para la coordinación interjurisdiccional con el fin de implementar y consolidar políticas regionales para el fortalecimiento de la coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena en las regiones. Durante 2021, el INMLCF participó activamente en  mesas departamentales en Guajira, Arauca, Nariño, Magdalena, Chocó, Huila y Antioquia; en 2022 participó en las mesas departamentales convocadas en Antioquia, Putumayo y Nariño.

Espacios institucionales e interjurisdiccionales de dialogo y coordinación

El INMLCF ha participado en diversos diálogos con autoridades indígenas

• Para la elaboración del documento “Recomendaciones para la aplicación del enfoque diferencial en la provisión de servicios forenses” (2016), en donde socializó la misión institucional y consultó a lideresas indígenas medios y procedimientos adecuados para la valoración de victimas pertenecientes a pueblos indígenas incorporando la perspectiva de género y de interculturalidad a las recomendaciones.
• En Putumayo en el año 2016 en el marco del plan operativo realizó dos socializaciones a comunidades indígenas sobre el portafolio de servicios institucional y activación de la ruta de con las comunidades indígenas del Putumayo: Pastos, Kamentsá, Yachaiwasi, Telar del Amanecer del Valle del Guamuez
• Nabusímake-Resguardo Arahuaco de la Sierra Nevada. Julio 27 y 28 de 2018,  Participación en la Asamblea de Cierre convenio 0345 de 2017 para participar en la Asamblea de Cierre en la que las autoridades indígenas del Pueblo Arahuaco presentan su reglamento interno a operadores judiciales y otras entidades, para construcción de rutas de coordinación entre la justicia especial indígena y la justicia ordinaria.
• En Casanare, se desarrolló desde el INMLCF una caracterización de pueblos indígenas-Casanare, la traducción Consentimiento Informado Wamonae -XUA WAXAINCHI DIWETSI WA YAPUTAE NEXA POXONAC NAKATA EXANANA XUA y el abordaje diferencial de informe pericial en psicología forense involucrando VSX en menor de la comunidad Waupijiri-Resguardo de Caño Mochuelo.
• En la Regional Sur (2017) a través de la participación que se tiene en la Mesa Interjurisdiccional Indígena del Huila, se está construyendo el protocolo de actuación y coordinación entre el sistema jurídico y el sistema jurisdiccional indígena.
• Mesa de coordinación interjurisdiccional pueblo Embera, Tierralta, Córdoba 2019
• Mesa de coordinación interjurisdiccional Inírida, Guainía 2019
• Articulación con autoridades indígenas Resguardo indígena Wounaan, Rio San Juan, Chocó (2020).
• Articulación con autoridades indígenas Arahuacas Centro de Justicia Indígena Ati kwakumuke (2021)

Espacios de coordinación y dialogo específica para el abordaje de casos

En el desarrollo de caos específico de valoración forense, el INMLCF buscó entablar canales de comunicación y dialogo con autoridades indígenas tanto para especificar los procedimientos de valoración forense, como de incorporar su perspectiva en la valoración y elaboración del producto pericial.

• Articulación con autoridades indígenas en caso de asalto sexual a menor indígena Resguardo Dokabú – Santa Cecilia – Risaralda (noviembre de 2020)
• Articulación con autoridades indígenas en caso de asalto sexual a menor indígena Asentamiento Nukak – San José del Guaviare (julio de 2020)

El camino por recorrer es tan amplio como la misma diversidad cultural a la que nos enfrentamos en nuestro país con más de 106 pueblos indígenas y 83 lenguas propias en nuestro territorio, pero el INMLCF continua incorporando perspectivas, gestionando conocimiento y fortaleciendo espacios que propicien un dialogo efectivo y atento al reconocimiento de los sistemas de justicia y necesidades específicas de los pueblos indígenas en la ruta de acceso a la justicia.

Los invitamos a participar en el foro relacionado con este tema.

[1] Cumbre Judicial Iberoamericana, 2008. Declaración de Brasilia, p. 49. Brasil