El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuenta con ocho Direcciones Regionales a nivel nacional, una de ellas es la Regional Nororiente, la cual está conformada por las seccionales de Arauca, Cesar, Norte de Santander y Santander.

En el año 2018, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE) en el censo Nacional de Población y Vivienda, establece una cifra de 1.905.617 personas que se auto reconocen como indígenas en Colombia. Según el censo general del DANE en 2005, el departamento de Cesar reportaba 44.835 personas pertenecientes a poblaciones indígenas, por su parte Norte de Santander con una cifra de 7.247, Arauca 3.279 y Santander 2.389. Los pueblos indígenas predominantes en el departamento del Cesar son Arhuaco, Kogui, Wiwa, Yuko, kankuamo; en Arauca los Betoye, Chiricoa, Hitnu, Kuiba, Piapoco, Sikuani, U´wa; en Norte de Santander Motilón -Barí, U´wa y en Santander U´wa, Guanes.

En las diversas comunidades indígenas a nivel nacional coexisten dos sistemas de autoridad: la jurisdicción indígena, que ejerce justicia interna basándose en su propio sistema normativo, y la justicia ordinaria en la cual median instituciones del Estado. Esta dualidad responde a una organización política compleja, donde figuras como el gobernador indígena, caciques, concejos indígenas, taitas o el cabildo tienen roles específicos según el pueblo.

En asuntos de justicia, especialmente frente a presuntos delitos sensibles como los de índole sexual, la jurisdicción indígena opera bajo principios comunitarios como el consenso, la reciprocidad y el equilibrio espiritual. Sin embargo, esta autonomía plantea algunos desafíos cuando se cruza con la justicia ordinaria.

A lo largo de los años, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en coordinación con entidades como las Comisarías de familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, ha trabajado de manera articulada para fortalecer el acceso y la administración de justicia propia, garantizando los derechos de la población indígena en el país.

Con el objetivo de seguir fortaleciendo la ruta de atención para casos de violencia sexual en comunidades indígenas, se han llevado a cabo mesas de trabajo con representantes de estas comunidades, donde se ha socializado el portafolio de servicios, puntos de atención y directorios telefónicos de autoridades. Esto ha facilitado la articulación interinstitucional y la activación de la ruta, permitiendo que un mayor número de personas indígenas accedan a una atención forense integral, con un enfoque diferencial e intercultural.

Adicionalmente, la coordinación directa entre el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y las autoridades indígenas, quienes son las encargadas de solicitar las valoraciones y acompañar a las víctimas; garantiza el respeto al derecho a la justicia especial indígena, al permitir que sean las propias autoridades tradicionales quienes lideren el proceso de activación.

En este contexto, es fundamental contar con información que permita dimensionar la magnitud de los delitos sexuales en comunidades indígenas, lo que no sólo visibiliza la problemática, sino que también orienta la toma de decisiones y el diseño de estrategias diferenciadas para la prevención, atención y judicialización de este tipo de violencias.

A continuación, se presentan las principales cifras correspondientes al año 2024, recopiladas en el registro de casos atendidos en el marco de la ruta de atención forense de presuntos delitos sexuales en población indígena en la Regional Nororiente.

Número total de presuntos delitos sexuales atendidos en la Regional Nororiente.
     

Durante el año 2024, la Dirección Regional Nororiente abordó un total de 2.250 casos relacionados con presuntos delitos sexuales.

Número de casos de presuntos delitos sexuales que involucran víctimas indígenas.

 
De los casos de presuntos delitos sexuales abordados en la Regional Nororiente, durante el año 2024, en 98 casos (4,35%) involucraron víctimas pertenecientes a pueblos indígenas. El departamento del Cesar concentra la mayoría de los casos indígenas con 67 casos (68.37%), seguido de Arauca con 27 casos (27.55%), lo que puede estar relacionado con la presencia significativa de pueblos indígenas en estas regiones.

Los casos de violencia sexual en personas indígenas atendidos en la Regional Nororiente durante 2024 revelan una alta afectación, principalmente en niñas y adolescentes. Los hechos se producen mayormente en zonas rurales de difícil acceso, donde existe una relación cercana entre las víctimas y los agresores, lo que agrava aún más la situación. Además, se observa una limitada asistencia a los servicios de salud, lo que impide una atención médica adecuada para las víctimas.

La presencia de múltiples pueblos indígenas en la Regional Nororiente plantea grandes desafíos; uno de los principales retos es continuar fortaleciendo, a nivel institucional, una atención forense con enfoque diferencial, que no solo respete los sistemas de justicia propios de las comunidades indígenas, sino que también garantice el acceso a servicios forenses que protejan integralmente los derechos de las víctimas. En este contexto, es crucial mantener y reforzar las estrategias de articulación institucional e interinstitucional, asegurando una coordinación efectiva entre las diferentes entidades y las autoridades tradicionales.

Este panorama subraya la importancia de contar con una atención intercultural, inclusiva y culturalmente pertinente, que valore y respete las creencias y prácticas culturales indígenas. Además, se debe continuar con la formación y capacitación continua de los servidores públicos, para que puedan trabajar de manera coordinada con las autoridades tradicionales y garantizar el respeto a los sistemas de justicia indígena. Es fundamental que estas acciones se acompañen con el apoyo técnico y científico necesario para la administración de justicia, a fin de que la respuesta institucional sea efectiva y respete los derechos humanos de las víctimas.

Además, es necesario superar barreras geográficas, sensibilizar sobre las especificidades culturales y fomentar el respeto mutuo entre las autoridades tradicionales y las instituciones del Estado. La implementación de políticas públicas adaptadas a las particularidades de estas comunidades, junto con el fortalecimiento de los mecanismos de atención y protección, es clave para garantizar una respuesta integral y respetuosa de los derechos humanos, con un enfoque diferencial, intercultural y de género.

Dra. Jessica Lorena Parra Rodríguez
Coordinadora Grupo Regional de Clínica Psiquiatría y Psicología Forense 
Dirección Regional Nororiente