Blogs INMLCF

Medicina legal y los ataques con sustancias químicas

En sus 103 años de existencia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se ha caracterizado por su apego a la ciencia y a la técnica para dar resultados confiables a la administración de justicia y a la ciudadanía en general, con el fin de contribuir a la búsqueda de la verdad de los hechos de violencia que han afectado el país. En desarrollo de su quehacer, realiza actividades en los campos de la patología forense, clínica forense, psiquiatría y psicología forense y en los laboratorios forenses.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, consciente del flagelo que sufren las victimas agredidas con sustancias químicas, ha logrado espacios de participación en diferentes escenarios, orientados a la protección y defensa de los derechos de las personas víctimas de estos ataques.

Es así, como el Instituto de Medicina Legal se asoció con el Hospital Simón Bolívar, con el fin de contribuir en la detección temprana de sustancias que son utilizadas de manera agresiva, afectando la cara y el cuerpo de otras personas.  Básicamente, el convenio tiene como finalidad que el Instituto analice de manera inmediata las sustancias e informe al Hospital, de tal forma que el Hospital pueda realizar la acción terapéutica más apropiada.

En efecto, el Instituto diseñó la ruta de atención desde los aspectos forenses en casos de ataques por sustancias químicas, priorizando en todo caso la realización de las experticias forenses ordenadas por la autoridad competente. En este sentido, la ruta se activa con la atención en el sector salud con el fin de estabilizar a la víctima y de manera alterna inicia la labor forense para la detección de las sustancias. El Laboratorio de Evidencia Traza ubicado en la ciudad de Bogotá, es el área del Instituto destinada para realizar la determinación del tipo de sustancia química, este laboratorio tiene la capacidad necesaria para garantizar el cubrimiento de los casos a nivel nacional.

Una vez realizada la determinación de las sustancias, proceden las acciones de policía judicial, las cuales están orientadas en dos líneas, la primera dirigida a orientar a la víctima para interponer la denuncia y la otra dirigida a la investigación en la determinación de sustancias en el presunto agresor.

Como resultado de la denuncia, entre otros, se obtendrá la orden de la autoridad  competente para la valoración médico legal de la víctima sobreviviente y del imputando cuando corresponda. La valoración forense de la víctima sobreviviente comprende la evaluación del daño físico, la cual puede hacerse de manera presencial cuando las condiciones de la víctima lo permitan o mediante la revisión de la historia clínica en casos de hospitalización. Como resultado de este proceso el Instituto emite el informe pericial respectivo, en el cual se define la incapacidad y las secuelas. En este sentido, es preciso aclarar que el contexto mismo de estas situaciones pueden interferir en los procedimientos legales que deben surtirse, por lo tanto, si la víctima no se encuentra bajo manejo intrahospitalario y no se ha realizado la valoración médico legal, la autoridad competente puede solicitar al Instituto un reconocimiento médico legal por primera vez.

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que la autoridad puede solicitar cuantos reconocimientos adicionales estime pertinentes, teniendo en cuenta que debe cumplirse la incapacidad médico legal sea provisional o definitiva, y que el carácter de las secuelas es determinante dentro del proceso penal que se adelante. En todo caso, se requiere la presencia física de la víctima y los soportes documentales de la historia clínica.

Por otra parte y teniendo en cuenta que además de la valoración del daño físico referido anteriormente, se requiere valorar el daño psíquico causado, es necesario que la autoridad competente especifique en su orden el tipo de pericia que se requiere. Por lo tanto es la autoridad quien de acuerdo al curso del proceso ordena la experticia que requiere como parte del mismo. Al respecto, se aclara que la valoración del daño psíquico debe realizarse al menos seis (6) meses después del ataque, tiempo el cual podrían establecerse las secuelas.

Con relación a la valoración médico legal al indiciado o imputado, es preciso señalar  que tiene dos objetivos, el primero es realizar una valoración física que permita determinar el uso de sustancias químicas que lo relacionen con las lesiones causadas a la víctima y el segundo es establecer la capacidad de auto determinarse para definir inimputabilidad.

Como se observa en el diagrama de la ruta, el resultado de las valoraciones es un informe pericial el cual es remitido a la autoridad solicitante y obra como parte del proceso en la audiencia de juicio oral.

Finalmente, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reporta al ministerio de salud y Protección Social todos los casos atendidos por ataques con ácido, y otras sustancias corrosivas que lesionen la integridad del cuerpo humano.

 

Más entradas de blog

Régimen de la donación de componentes anatómicos de cadáveres sometidos a necropsia médicolegal

Antecedentes La Ley 9 de 1979 reguló lo relativo a la donación o traspaso de ...

Añadir comentarios

Accesos directos