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Impacto de la Ruta de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Pareja

Escrito por Leonardo Quintero Suárez, Profesional Universitario Forense Regional Occidente, candidato a magister en ciencias forenses; Punto Focal de Género; septiembre 2019.

 

¿Qué son las rutas de atención?
Es el conjunto de competencias institucionales definidas por la legislación nacional y su respectiva articulación entorno a la atención de las víctimas de un determinado tipo de violencia, para este caso será la atención coordinada de las víctimas de violencias basadas en el género en particular de las víctimas de violencia de pareja.

¿Qué se entiende por violencia de pareja y cuál es la normatividad relacionada?
El Reglamento técnico para el abordaje forense de la violencia de pareja del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML y CF) la define como “…un patrón de interacción que lesiona la integridad física, emocional, sexual y/o patrimonial de las personas que conforman parte de la misma. A través de dicha violencia se vulnera el derecho que cada integrante de la misma tiene a la vida, la libertad y la autonomía en el manejo de la sexualidad, del cuerpo y a tomar las propias decisiones. Su objeto es someter al otro o la otra, establecer y reproducir relaciones de poder o resolver conflictos. Dicha violencia también puede ser ocasionada por el ex cónyuge, ex compañero(a), ex novio(a) o ex amante, en tanto que los daños o sufrimientos psicológicos, físicos, sexuales o patrimoniales se ocasionan en el marco de la relaciones interpersonales derivadas de la relación de pareja sostenida por los miembros, es decir los factores asociados a la aparición de la misma se sustenta en las relaciones de poder o de dominación de uno sobre otro a pesar de haber terminado formal o informalmente la misma.” (Sierra, Guacaneme, Monroy, & Barreto, 2011)

En cuanto a la legislación colombiana contamos con un buen número de leyes que van desde la constitución de 1991 hasta el código penal pasando por otras leyes genero sensitivas de gran importancia, pero insuficientes ante el complejo fenómeno de la violencia de pareja que excluyen los casos de violencia entre novios, exnovios y otras formas de pareja que terminan siendo abordados como lesiones personales.

En la última década se ha vivido cierta confusión en las instituciones que hacen parte de la ruta de atención a las víctimas de violencia de pareja luego de la promulgación de la ley 294 de 1996 la cual desarrolla el artículo 42 de la constitución (Senado de la República de Colombia, s. f., p. 294), esta ley sobre la violencia intrafamiliar inicialmente contemplaba a los conyugues que vivan juntos y aquellos que sin vivir juntos tuvieran hijos en común; posteriormente el código penal restringió el delito sólo a las personas que vivieran juntas, lo cual dejaba a gran número de víctimas de violencia de pareja por fuera del tipo penal y limitaba su abordaje a las simples lesiones personales, donde la conciliación es una de las estrategias principales para la resolución del conflicto.

Posteriormente la ley 1542 del 2012 elimina el carácter de querellable y desistible de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, con lo cual vuelve a retomar fuerza el derecho de las mujeres a no encontrarse con el agresor en ningún espacio, a no conciliar la violencia (Congreso de la República, s. f.); pero será la ley 1959 del 2019 recientemente sancionada la que incluye en el delito de violencia intrafamiliar a: “…a) Los cónyuges o compañeros permanentes, aunque se hubieren separado o divorciado; b) El padre y la madre de familia, aun cuando no convivan en el mismo hogar, si el maltrato se dirige contra el otro progenitor; c) Quien, no siendo miembro del núcleo familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su domicilio, residencia o cualquier lugar en el que se realice la conducta; d) Las personas con las que se sostienen o hayan sostenido relaciones extramatrimoniales de carácter permanente que se caractericen por una clara e inequívoca vocación de estabilidad…” (Congreso de la República, 2019)
Con estos desarrollos normativos se amplía el reconocimiento de las víctimas de violencias de género, en particular brindan herramientas de gran importancia para una atención integral a las víctimas de violencia de pareja tanto en el ámbito penal, como en la reparación de derechos. Debemos aceptar que aún faltan normas genero sensitivas que puedan brindar las mismas garantías a las víctimas de violencia de pareja que no cumplen con los criterios de la ley 294 de 196 y la ley 1959 del 2019; para estos casos que quedan por fuera y en general para todas las mujeres víctimas de violencias basadas en el género contamos con la ley 1257 del 2018 (Congreso de la República, 2008) que si bien aún no crea un nuevo y necesario tipo penal que reciba el nombre de violencia de género, si brinda una gran cantidad de herramientas para la protección y restitución de derechos de las víctimas.

Será esta ley por medio de la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, la que reconoce la complejidad de la violencia de género, la necesidad de la concurrencia y corresponsabilidad de todas las instituciones del estado colombiano, ordenando la conformación de espacios de articulación interinstitucional e intersectoriales para el apoyo mutuo, para optimizar y potenciar las acciones de las instituciones que hacen parte de la ruta. Este proceso de articulación si bien es responsabilidad de los alcaldes municipales no podrá funcionar de manera adecuada sin la decida participación de las instituciones involucradas, para lo cual se requiere destinación de presupuesto, personal capacitado con destinación específica como enlace, definición de una ruta institucional que permita la articulación municipal, departamental y nacional, que para el caso del INML y CF será el Modelo de atención a las violencias de género con siete (7) estrategias de las cuales dos están pensadas para la articulación interinstitucionial (Hoyos & Moreno, 2012).

Para esta primera década de construcción de las rutas de atención se ha identificado múltiples barreras desde las estructurales como falta de presupuesto, espacios y recursos adecuados, además de escaso personal capacitado, hasta una cultura institucional de tolerancia a las violencias basadas en el género como lo han señalado los dos informes sobre la tolerancia social e institucional a la violencia basada en género en Colombia (UNIFEM, 2010), (Equidad de la mujer, 2015).

¿Cuáles son las instituciones que hacen parte de la ruta de atención a las víctimas de violencia basada en el género y cuáles sus competencias? (La siguiente información es tomada del Curso de autoformación para el abordaje intersectorial en la atención integral a las víctimas de violencias de género, con énfasis en violencias sexuales del ministerio de salud)

SECTOR SALUD:
Recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada e integral en los términos y condiciones establecidos en el ordenamiento jurídico para ellas y sus hijos e hijas (Ley 1257/08 -Art. 8). Esta atención integral será responsabilidad de todas las Instituciones Prestadoras de Salud del país, para los nacionales y extranjeros incluso indocumentados, las acciones específicas para el sector salud se encuentran definidas en la Guía de atención para la mujer maltratada (Ministerio de Salud, 2013); para los casos de víctimas de violencia sexual está la resolución 459 del 2012 (Ministerio de salud y protección social, 2012).

Otras acciones del sector salud serán: establecer un plan individual de atención en salud para una víctima de violencias sexuales acorde con protocolos, modelos de atención, guías de práctica clínica, rutas de atención y demás instrumentos vigentes, que responda a las necesidades de la víctima y que tenga enfoque de Derechos, Género y Diferencial (atención de casos); notificar a las autoridades responsables cuando reciba en hospital, puesto de salud, clínica, consultorio médico u otro establecimiento similar, público o particular, a una persona a la cual se le hubiese ocasionado daño en el cuerpo o en la salud (Ley 906 de 20014- Art. 2018); entre muchos otros.

SECTOR PROTECCIÓN:
Las instituciones de este sector serán el ICBF cuando las víctimas son menores de edad y la violencia ocurre por fuera del ámbito familiar; es así como las comisarías de familia de todo el país son las encargadas de la inmensa mayoría de los casos de violencia de pareja con funciones de policía judicial y de restitución de derechos; algunas de sus acciones son: brindar medidas de restablecimiento de derechos y protección que garanticen la no repetición de los eventos de violencia; ordenar los mecanismos de protección y atención para la persona y su grupo familiar (Ley 1257/08 -Art. 8); proteger contra toda forma de coerción, violencia o intimidación, directa o sobre sus familias o personas bajo su custodia (Ley 1719/14- Art. 13); entre muchas otras tareas.

SECTOR JUSTICIA:
Hace referencia a las acciones que debe emprender la fiscalía general de la nación tan pronto acuda ante ellos una denunciante de violencia de género; sus acciones son: Ser informada acerca de los procedimientos legales que se derivan del hecho punible y sobre la posibilidad de acceder a la indemnización de los perjuicios ocasionados con el delito (Ley 361/97- Art. 15); recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter gratuito, inmediato y especializado desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de la autoridad (Ley 1257/08 -Art. 8); la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición frente a los hechos constitutivos de violencia (Ley 1257/08 -Art. 8); que se realicen las investigaciones y acciones legales que permitan la judicialización de la persona responsable del delito; a que se valore el contexto en el que ocurrieron los hechos objeto de investigación sin prejuicios contra la víctima (Ley 1719/14- Art. 13); que se le extienda copia de la denuncia, del reconocimiento médico-legal y de cualquier otro documento de interés para la víctima; a no ser discriminadas en razón de su pasado ni de su comportamiento u orientación sexual, ni por ninguna otra causa respetando el principio de igualdad y no discriminación, en cualquier ámbito o momento de la atención, especialmente por los operadores de justicia y los intervinientes en el proceso judicial; solicitar a las autoridades judiciales que se abstengan de ordenar la práctica de pruebas que excluyan las ya practicadas que con llevan a una intromisión innecesaria o desproporcionada a su derecho a la intimidad; a que se les brinde iguales oportunidades desde un enfoque diferencial, para rendir declaración como a los demás testigos, y se adopten medidas para facilitar dicho testimonio en el proceso penal; a que se considere su condición de especial vulnerabilidad, atendiendo a su condición etaria, de discapacidad, pertenencia a un grupo étnico, pertenencia a poblaciones discriminadas o a organizaciones sociales o colectivos que son objeto de violencia sociopolítica, en la adopción de medidas de prevención, protección, en garantías para su participación en el proceso judicial y para determinar su reparación; a contar con asesoría, acompañamiento y asistencia técnica legal en todas las etapas procesales y desde el momento en que el hecho sea conocido por las autoridades.

MINISTERIO PÚBLICO:

  • Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas: Coordinar las acciones de las diversas entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas –SNARIV-; Implementar y administrar el Registro Único de Víctimas, garantizando la integridad de los registros actuales de la información: Ejercer la coordinación Nación-territorio, para lo cual, participa en los comités territoriales de justicia transicional; Administrar los recursos necesarios y hacer entrega a las víctimas, de la indemnización, por la vía administrativa que señala la presente ley.
  • Defensoría del pueblo: identificación de casos a través de quejas o toma declaraciones de desplazamiento; orientación, asesoría y acompañamiento a víctimas para garantizar su acceso a Justicia; representación judicial a mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencias, en cualquier contexto; seguimiento de verificación del cumplimiento de las competencias asignadas a otras entidades y sobre el trato digno y respetuoso hacia las víctimas en estas entidades; establecer procesos y procedimientos que garanticen la activación de la ruta intersectorial (Salud, Justicia y Protección) para las víctimas de Violencias sexuales acorde con la normatividad vigente y las entidades locales competentes; desarrollar estrategias en el manejo, acompañamiento, orientación, y seguimiento de las emergencias humanitarias y los atentados terroristas; apoyar la implementación de los mecanismos necesarios para la rehabilitación comunitaria y social; activar la ruta para la atención integral de las personas víctimas de las violencias sexuales en el marco del conflicto armado y garantizar la remisión a las diferentes entidades.
  • Personería municipal: vigilar el cumplimiento de las normas nacionales y municipales; promover y defender en su territorio los derechos humanos; Interponer acciones constitucionales en defensa de las personas; Vigilar el desempeño de los funcionarios públicos; atender, orientar y recibir declaración de las víctimas sobre los hechos victimizantes; organizar las organizaciones de víctimas para que participen efectivamente en las mesas locales de participación; garantizar que dichas propuestas sean tenidas en cuenta en el Comité Local de Justicia Transicional; vigilar el cumplimiento y desarrollo de la ley de víctimas y restitución en su territorio.
  • El Ministerio del Interior será el encargado de generar las medidas para las víctimas de trata de personas.


ESPACIOS DE ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL:

  • Comité Interinstitucional para la lucha contra la trata de personas (Ley 985 de 2005).
  • Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención de la Violencia Sexual y Atención Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas del Abuso Sexual (Ley 1146 de 2007).
  • Comité para la Implementación y Cumplimiento de la ley 1257 de 2008 (Ley 1257 de 2008 y Ley 1719 de 2014).
  • Comités Territoriales de Justicia Transicional (Ley 1448 de 2011).


Avances, dificultades e impactos de la ruta de atención en el abordaje de la violencia de pareja.
Como bien podemos apreciar contamos con un conjunto de normas que brindan las bases para la visibilización de la violencia contra la mujer, por ende, contamos con las condiciones para visibilizar a las víctimas de las violencias de género y en particular a las víctimas de la violencia de pareja; no hay ninguna razón para negar u obstruir el acceso de las víctimas a las instancias judiciales y de reparación de los derechos; somos responsables como estado colombiano de su visibilización, de ingresarlas a la ruta de atención, de garantizar que sean atendidas por los tres sectores; de garantizar una atención diferencial, con enfoque de género y perspectiva de derechos humanos. Estamos obligados a conocer las normas que brindan los mecanismos de protección, las medidas de atención, igualmente estamos obligados en tanto funcionarios del estado a combatir nuestras ideas de tolerancia a las violencias de género.

Estos son los principales avances entorno al abordaje de las víctimas de violencia de género; en cuanto a las dificultades tenemos que faltan los recursos suficientes en cada uno de los tres sectores involucrados en la atención; no se cuenta con el número y calidad adecuada de funcionarios; no hay claridad en la construcción de las rutas institucionales; no hay claridad entorno a la articulación interinstitucional y aún adolecemos de una cultura de tolerancia a la violencia de género. Pese a todas estas dificultades lo que ya existe ha garantizado:

  • Una mayor visibilización de las violencias de género en todo el territorio nacional.
  • Se evidencia una mayor asistencia de las víctimas a las diferentes instituciones de la ruta de atención.
  • Se han venido construyendo el enfoque teórico y técnico para una mejor y mayor base de datos sobre la violencia de género en el país.
  • Se ha venido avanzando en la articulación interinstitucional e intersectorial, lo cual ha generado valiosos espacios de discusión, de cooperación interinstitucional, de mutuo apoyo y desarrollo de actividades conjuntas.
  • Se han generado más y mejores estudios para la comprensión de la problemática.
  • Se evidencian víctimas más empoderadas, con mayor capacidad para articularse a espacios colectivos; con mayor disposición para hablar de su problemática y en especial con mayor conocimiento de sus derechos.


Cuando los funcionarios de las diferentes instituciones de la ruta de atención se deciden a hacer bien su trabajo, cuando han ganado en sensibilidad frente a las violencias de género, cuando aplican una atención diferencial, con enfoque de género y perspectiva de derechos; es decir cuando los funcionarios hacemos lo que debemos hacer marcamos la diferencia para las víctimas y sus familias, igualmente nos convertimos en ejemplo para compañeros de trabajo y para las otras instituciones.

Papel del INML y CF.

El papel que juega el Instituto es de vital importancia pues somos la intersección de los tres sectores como son el sector justicia, protección y salud; al aplicar nuestro reglamento técnico para el abordaje forense a víctimas de violencia de pareja logramos: visibilizar la violencia de género; visibilizamos a las víctimas; reorientamos el abordaje inicial que se haya dado como lesiones personales; garantizamos una adecuada orientación de la atención de las víctimas en los tres sectores pues tenemos la posibilidad de identificar, pronunciarnos y recomendar sobre la violencia física, la psicológica, la violencia sexual, la violencia económica y patrimonial, y la coartación de la libertad.

La versatilidad del instituto y la gran capacidad para abordar este problema tan complejo de una manera amplia y profunda garantiza incluso el aporte en el proceso de sanación de la propia víctima mediante la escucha empática que le permite ser reconocida, sentir que se le presta atención, le permite ahondar en las consecuencias sobre su salud física, psicológica, sexual y social dándose cuenta de cosas de las cuales antes no era consciente.

Finalmente, la participación de los funcionarios del lnstituto en los espacios interinstitucionales aporta opiniones sensibles y experimentadas que ayudan en la solución de las múltiples dificultades de las rutas, aportan en la capacitación de los funcionarios de otras instituciones y son apoyo permanente para las víctimas e instituciones de la ruta que tienen la intención de hacer su mejor esfuerzo.

 

Referencias bibliográficas.

Congreso de la República. (2008). LEY 1257 2008. Recuperado 22 de agosto de 2019, de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1257_2008.html

Congreso de la República. (2019). LEY 1959 del 20 Junio 2019. Recuperado 1 de septiembre de 2019, de https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tVockrlq6HcJ:https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%25201959%2520DEL%252020%2520DE%2520JUNIO%2520DE%25202019.pdf+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co

Congreso de la República. (s. f.). LEY 1542 2012 [2012]. Recuperado 1 de septiembre de 2019, de http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xy4atx6-CCEJ:www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1542_2012.html+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=co

Equidad de la mujer. (2015). Segunda medición del estudio sobre tolerancia social e institucional de las violencias contra las mujeres (p. 236). Recuperado de Presidencia de la República website: http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/Segunda-medicion-estudio-tolerancia-violencias-contra-mujeres.pdf

Hoyos, V. M., & Moreno, C. E. V. (2012). Modelo de atención a las violencias basadas en el género. 91.

Ministerio de Salud. (2013). Guía de atención de la mujer maltratada. Recuperado 1 de septiembre de 2019, de http://www.idsn.gov.co/index.php/subdireccion-de-salud-publica/34-salud-mental/575-ministerio-de-salud-y-proteccion-social-guia-de-atencion-de-la-mujer-maltratada

Ministerio de salud y protección social. (2012). Resolución 459 del 2012. Recuperado 1 de septiembre de 2019, de https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SKLZEjcWpK0J:https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion-0459-de-2012.PDF+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=co

Senado de la República de Colombia. (s. f.). LEY 294 DE 1996. Recuperado 1 de septiembre de 2019, de http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OPuWfDy8YPgJ:historico.equidadmujer.gov.co/Normativa/LeyesFavorables/Nacionales/Ley294-16jul1996.pdf+&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=co

Sierra, F. R. A., Guacaneme, G. J. A., Monroy, A. C. M., & Barreto, M. M. R. (2011). Reglamento técnico para el abordaje integral de la violencia de pareja en clínica forense. Recuperado 1 de septiembre de 2019, de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses website: http://www.medicinalegal.gov.co/normalizacion-forense/guias-protocolos-y-reglamentos

UNIFEM. (2010). Estudio sobre la tolerancia social e institucional a la violencia basada en género en Colombia (p. 210). Recuperado de http://www.mdgfund.org/sites/default/files/GEN_ESTUDIO_Colombia_Tolerancia%20social%20e%20institucional%20a%20la%20violencia%20de%20genero.pdf

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